La carga económica atribuible al tabaco ocasiona a las arcas sanitarias de la comunidad un coste cercano a los 5.000 millones de euros anuales en tratamientos para paliar las enfermedades relacionadas directamente con el consumo de este hábito pernicioso, según ha destacado la consejera andaluza de Salud, María Jesús Montero.

En una entrevista concedida a Europa Press, Montero ha aludido a un reciente estudio elaborado por la Escuela Andaluza de Salud Pública (EASP), el cual ha analizado los costes de tratamientos tomando como variable los costes de 2007, año que ya supusieron a las arcas sanitarias andaluzas un montante que rozó los 4.986 millones de euros.

En concreto, Montero ha detallado que el problema de salud que mayor carga de enfermedad "y por tanto también carga económica", soporta el sistema sanitario por el consumo de tabaco son los tumores, "con un coste que ya en 2007 osciló entre los 2.787 millones y los 2.299 millones", ha precisado.

"En este trabajo se estima que una reducción del 1 por ciento en la prevalencia de fumadores, reduciría a su vez el valor monetario derivado precisamente del decrecimiento de enfermedades cancerosas en 277 millones de euros", ha resaltado a modo de ejemplo la responsable de Salud.

Montero ha explicado que para estimar la carga económica atribuible al tabaco se ha tomado el valor estadístico de la vida humana (medida en unidades monetarias) atribuible a evitar que cualquiera de sus miembros muera. Este valor se estima a partir de preferencias declaradas por una muestra de población general.

REFORMA LEY ANTITABACO

En cuanto a la reforma de la actual Ley Antitabaco, en la que todos los grupos parlamentarios ya han mostrado en el Pleno del Congreso de los Diputados su intención de aceptar la tramitación de la reforma, cuyo punto más importante será la extensión de la prohibición de fumar a todos los espacios públicos cerrados, Montero ha admitido que, "de momento, no ha habido novedad" respecto a la propuesta que elevó la Junta de Andalucía para que los locales que sí habían hecho las separaciones y modificaciones que recogen la actual norma tuviesen algún tipo de compensación económica.

"De momento no hay nada nuevo al respecto", ha admitido en su entrevista con Europa Press Montero, en referencia a que si finalmente la reforma de la ley se queda en los parámetros en los que se ha fijado hasta ahora, los hosteleros que emprendieron las reformas no tendrán una compensación económica por dichas obras o una suerte de moratoria en aquellos locales que sí habían acometido las separaciones.

De hecho, la titular del ramo ya ha defendido dentro del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) la necesidad de alcanzar un "consenso razonable", de modo que se defienda la salud de los ciudadanos "sin menoscabar los intereses legítimos de los empresarios que en su día realizaron reformas en sus locales" para habilitar espacios separados para fumadores. Se prevé que la reforma de esta ley entre en vigor el 1 de enero de 2011, siendo ésta al menos la fecha que maneja el Ministerio de Sanidad.