El Sistema Nacional de Salud (SNS) podría ahorrarse cada año más de 600 millones de euros si el Gobierno aplicase una deducción fiscal del 15 por ciento a aquellas personas que tienen contratado de forma voluntaria un seguro médico privado.

Así se desprende de las conclusiones de un informe para evaluar el impacto económico de esta propuesta realizado por el Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad (IDIS), entre cuyos patronos están aseguradoras médicas como Adeslas, Asisa, Caser, Mapfre o Sanitas.

"Actualmente nos desgravamos por los neumáticos, por inscribirse a un partido político e incluso por la educación, pero no por la sanidad", según ha destacado el secretario general del IDIS, Juan Abarca, durante la presentación del informe, recordando además que este incentivo fiscal ya se aplica en otros países europeos como Alemania, Francia o Italia.

La propuesta de este organismo es que se aplicasen deducciones fiscales por este tipo de seguros como se hacía en 1998, cuando el IRPF permitía al contribuyente deducirse hasta el 15 por ciento de los servicios médicos y seguros privados de asistencia sanitaria que libremente adquiriese.

Sin embargo, según ha explicado Abarca, esta medida se acabó eliminando "porque había mucha trampa, la gente incluía gastos no relacionados directamente con la enfermedad y requería mucho trámite administrativo", cambiándose por la deducción de los seguros de empresa y por una reducción del IRPF.

En cambio, y ante la situación de crisis financiera actual, desde el IDIS proponen recuperar esta deducción fiscal para "descargar de presión asistencial y financiera" a la sanidad pública, ha añadido Juan Iranzo, director general del Instituto de Estudios Económicos.

En concreto, proponen que la deducción del 15 por ciento se aplique a aquellas personas con seguro privado de salud con rentas inferiores a 30.000 euros anuales.

BENEFICIARÍA YA A 1,2 MILLONES DE PERSONAS

Según los resultados del informe, en España hay unos 4,1 millones de asegurados con pólizas de salud individuales, de los cuales el 30 por ciento (en torno a 1,2 millones) tienen unos ingresos anuales de menos de 30.000 euros y, por tanto, podrían beneficiarse de esta medida.

En concreto, se estima que el ahorro anual para estos contribuyentes sería de entre 107 y 365 euros, dependiendo de la unidad familiar. Para una familia media de tres integrantes, la deducción fiscal sería de 310 euros anuales.

Asimismo, el IDIS ha calculado que esta medida tendría un impacto directo en las contrataciones de seguros médicos, con un crecimiento de entre un 5 y 15 por ciento que se traduciría en más de 620.000 nuevos asegurados.

Esto repercutiría en un menor uso de los servicios públicos, con un ahorro para el SNS de entre 246 y 738 millones de euros, que ascendería hasta los 608 millones de euros anuales si estos nuevos asegurados sólo utilizasen la sanidad privada.

Sin embargo, y pese a que la medida podría suponer una disminución inicial de la recaudación del Estado de unos 129,8 millones de euros menos al año, Iranzo asegura que quedaría "rápidamente contrarrestada" con el incremento de la actividad de la sanidad privada, lo que conllevaría un incremento de la recaudación a través del Impuesto de Sociedades e IRPF.

"El crecimiento en actividad supondría un aumento en el volumen de tributaciones de centros hospitalarios y extrahospitalarios de más de 43,2 millones de euros, al tiempo que también conllevaría un crecimiento de empleo directo de más de 16.000 profesionales", ha añadido.

Durante la presentación del informe, el director general de Farmacia del Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad, Alfonso Jiménez, no ha valorado expresamente la propuesta pero si que ha reconocido que "los tiempos de crisis son también de oportunidades", aplaudiendo el papel que juega la sanidad privada en España "apostando por la calidad y la excelencia a pesar de los avatares económicos".